Perdó per el toxo:
La parcialidad del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha quedado ahora más al descubierto que nunca justo con la aparición de asuntos judiciales que afectan a altas instancias del partido socialista, y del Estado, con las revelaciones y dudas a cerca del fuerte incremento de patrimonio personal del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. El doble rasero utilizado por Conde Pumpido para medir el asunto de Bono en comparación con todo lo relacionado con la trama Gürtel han elevado casi a la categoría de fe pública la parcialidad con la que se las gasta el fiscal general del Estado: implacable para unos (el PP) y cicatero y esquivo, hasta casi la dejación de funciones, a la hora de actuar cuando los problemas judiciales podrían afectar a los otros (el PSOE).
Las polémicas filtraciones han terminado por desnudar hasta el descrédito a Cándido Conde-Pumpido. Cuando alguna filtración ha afectado negativamente al PP, bajo el secreto de sumario, el fiscal general ha defendido incluso a los medios que la publicaron, como El País, argumentando que: "no hay filtración de las actuaciones judiciales, sino informaciones facilitadas desde el exterior por personas que sin acceso al contenido del sumario disponen de materiales o datos a veces sencillamente porque han intervenido en los hechos investigados". Pumpido además se atrevió a manifestar que lo publicado en el diario de Prisa "no afectará negativamente a los imputados", zanjando así investigar de dónde provinieron las filtraciones que además todo apunta precisamente a la Fiscalía como responsable de las mismas.
La cronología de la violación del secreto del sumario no puede ser más dañina para los imputados y el PP. Así, el 27 de marzo de 2009 El País se hace eco de parte del sumario que detallaba, según el sastre José Tomás, supuestos regalos a cargos del PP. El 20 de abril de 2009 se filtra otro informe de Fiscalía contra cargos del PP en la Comunidad Valenciana. El 8 de diciembre se publica la contabilidad de Orange Market y Teconsa, curiosamente no se publicó la relación con La Moncloa. Días después, el 22, El País ofrece los archivos de la contabilidad de Orange Market requisada por la Policía. El 17 de febrero de 2010 se filtra que la Fiscalía Anticorrupción quiere investigar las cuentas del PPCV. El 6 de septiembre se filtra una declaración judicial de uno de los responsables de la trama para intentar implicar al PPCV.
Silencio de Fiscalía ante este aluvión de filtraciones. ¿Hace lo mismo con el caso Bono?, no, Conde Pumpido en este caso, al contrario que lo que hizo con El País, ha condenado las informaciones periodísticas y eso que no se trata de revelaciones de un secreto de sumario sino de una investigación informativa. El fiscal general no sólo afirma categóricamente que no ve "conducta delictiva alguna" también ha remitido un escrito a la Fiscalía de Madrid para que tenga en cuenta la denuncia presentada contra el diario La Gaceta por el presidente del Congreso por posibles injurias del diario de Intereconomía. Lo dicho, doble rasero.
